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Ambigüa Ley de Seguridad Interior

Las políticas de seguridad en el país y la estrategia de hacer al ejército cumplir con tareas de seguridad pública a una década de iniciar la guerra contra el narco de Felipe Calderón han fallado.

La ley de Seguridad Interior es una ley muy difícil de entender en principio por su ambigüedad y es difícil precisar cada una de las cosas que concede, pero no están por ningún lado las condiciones claras de ¿cuándo se declara el estado de inseguridad interior? así como ¿Que debe hacer el Ejecutivo, el Congreso y el Ejercito cuando esto se da?

En el artículo 18 del proyecto dice: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. El artículo no señala que las Fuerzas Armadas no podrán realizar acciones que en los hechos correspondan a eso que llamamos seguridad pública, sino que las acciones que realicen (sean éstas las que sean) no serán consideradas como tales. La trampa retórica es ingeniosa, pero es trampa.

Lo que debe importar no es cómo calificamos las acciones, sino que las Fuerzas Armadas no realicen actos que deben corresponder a las autoridades civiles.

Y lo cierto es que hoy están realizando tareas de seguridad pública. Ese es el problema que debemos resolver y no es una cuestión de definiciones. Tampoco se especifica con claridad si esta intervención pedida por los gobernadores o el presidente tienen un límite en el tiempo, es decir, habla de 1 año, pero si la cosa situación sigue mal pueden posponer ese plazo. Tiene márgenes de interpretación muy amplio, pero tiene un propósito muy claro dar al gobierno y al ejercito un referente legal para seguir lo que hasta ahora hacen con una muy discutible legalidad.

Además, la ley inclina la balanza en favor del Poder Ejecutivo federal. No sólo señala que su titular podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior (art. 11) sino que también lo faculta (previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional) para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (art. 12). Con ello se lesiona al federalismo y se evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29 constitucional para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los derechos y de sus garantías

El reclamo al gobierno y a los legisladores debe atenderse con una visión sistemática. La aprobación de una Ley de Seguridad Interior debe formar parte de un paquete de reformas que coloque a la procuración civil de justicia en el centro de la ecuación. Sólo así será posible quitar las lagunas legales y al mismo tiempo, atender al imperativo de enfrentar la inseguridad con autoridades civiles que permitan el paulatino repliegue de las tropas a sus cuarteles (Cosa que no se contempla en la ley).

Al paso de estos años hemos comprobado que esta manera de hacer las cosas no disminuye la inseguridad ni la violencia, sino que la presencia de las fuerzas armadas hace crecer la violencia. Existe una revisión del CIDE que demuestra que este mecanismo que estamos utilizando para contener la violencia multiplica la violencia, las denuncias de violaciones a derechos humanos y las recomendaciones de la CNDH.

Ya en días pasado diversas organizaciones civiles, ONG, la CIDH, CNDH e incluso el alto  comisionado de la ONU envió una carta al Senado de la República pidiendo que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior, lo que resulta insólito y desde la óptica externa de DH lo que plantea es que la formalización en la ley de la política de seguridad aplicada en los últimos (ya casi 11 años) escandaliza a nuestros aliados en esta materia, lo que debería ser considerado, tomando en cuenta la imparcialidad de quien pide la no aprobación de la ley.

Considero necesario que las policías sean depuradas, entrenadas y equipadas para poder hacerle frente a la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Además  que el marco jurídico de la ley sea coherente e incluya las propuestas de las organizaciones sociales y atienda las recomendaciones de los organismos internacionales, pero sobre todo que deje las ambigüedades aun lado.

Gil Flores

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